Escándalo en Anta por "pensiones truchas": Imputaron a un diputado provincial, exgerentes de hospitales y funcionarios
La Justicia Federal de Salta dio un paso clave en la investigación por una presunta red sistemática dedicada a la confección y tramitación de pensiones no contributivas por discapacidad falsas. Tras la audiencia ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Diego Anzorreguy, quedaron formalmente imputadas 15 personas, entre las que destacan el diputado provincial por Anta, Gerardo Francisco Orellana, exgerentes hospitalarios y funcionarios municipales de la región.
Tomi Gambarte ( Comunicador )Según la acusación formulada por el fiscal general Carlos Amad, la organización operaba de forma coordinada integrando a médicos, administrativos, operadores políticos y gestores para fraguar documentación oficial y cobrar retribuciones ilegales.
La maniobra: Certificados apócrifos y cobros de hasta $1.000.000
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que la estructura captaba a personas que no padecían enfermedades incapacitantes y falsificaba certificados médicos, historias clínicas, placas radiográficas y análisis de laboratorio para simular patologías graves como Chagas o diabetes.
Por la gestión irregular de estas carpetas ante los organismos del Estado, la red cobrabas tarifas ilegales que oscilaban entre los $20.000 y $1.000.000 por trámite, generando un perjuicio económico estimado en $3.280 millones mensuales para las arcas públicas.
Red de complicidades y roles dentro de la organización
La investigación detalla una división de tareas entre los involucrados para burlar los controles estatales:
Captación y fin político: Se acusa a operadores locales de reclutar personas vulnerables y cobrar cuotas ilegales, mientras que el diputado Gerardo Orellana habría utilizado estas prestaciones con fines electorales firmando solicitudes irregulares.
Sostén médico y de laboratorio: Médicos y exdirectivos de los hospitales de Joaquín V. González, Tartagal y El Quebrachal —como Oscar Ricardo Luna, César Ramiro Blanco y Roberto Morales— habrían emitido certificados falsos. En tanto, un bioquímico adulteraba análisis para simular diagnósticos graves.
Logística y confección: Un local comercial tipo fotocopiadora era utilizado para confeccionar certificaciones con sellos y membretes apócrifos, intercambiando estudios entre solicitantes.
Vulneración de sistemas: En el plano administrativo, se investiga la cesión de claves de acceso de ANSES a terceros no autorizados para cargar datos falsos y validar expedientes sin aplicar controles.
Imputaciones y carátula de la causa
Los 15 procesados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa continuará recolectando pruebas testimoniales y peritajes informáticos para definir la situación procesal de cada acusado.
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