Condenaron al juez de Paz de Aguaray por quedarse con dinero de cuotas alimentarias
El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Anastasio Vázquez Sgardelis, condenó en un juicio abreviado al juez de Paz de Aguaray, Freddy Josué Chocobar, tras reconocer su responsabilidad penal en la retención indebida de dinero correspondiente a cuotas alimentarias depositadas en su dependencia.
Tomi Gambarte ( Comunicador )Chocobar recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, tras ser considerado autor de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
La maniobra: Fondos depositados que no llegaban a las madres
La investigación penal fue llevada adelante por el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, e inició a partir de las denuncias formuladas por mujeres beneficiarias que concurrían al Juzgado de Paz a retirar el sustento de sus hijos y no recibían los montos correspondientes.
Primer caso: Una madre concurrió a retirar $370.000 depositados en efectivo por el padre de sus hijos conforme a un acuerdo previo, pero el funcionario solo le entregó $100.000.
Segundo caso: Otra beneficiaria sufrió una maniobra idéntica, detectándose la retención del dinero depositado para la manutención familiar.
Restitución obligatoria: Como parte del acuerdo homologado, Chocobar deberá devolver un total de $690.000 a las víctimas (monto cuya primera cuota ya fue abonada).
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│ DETALLES DE LA CONDENA AL JUEZ DE PAZ DE AGUARAY │
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│ • Imputado : Freddy Josué Chocobar (Juez de Paz de Aguaray) │
│ • Condena : 1 año de prisión condicional + 2 de inhabilitación │
│ • Delitos : Administración fraudulenta e incumplimiento de │
│ deberes de funcionario público │
│ • Resarcimiento : Restitución de $690.000 a las víctimas │
│ • Restricciones : Prohibición de acercamiento a 300 metros y control │
│ del Patronato de Liberados por 2 años │
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Desafuero y suspensión por la Corte de Justicia
Dado que el acusado contaba con inmunidad constitucional por el ejercicio de su función, la Fiscalía solicitó oportunamente el allanamiento de sus fueros. La Corte de Justicia de Salta hizo lugar de forma unánime al pedido y dispuso su suspensión provisoria en diciembre pasado, lo que habilitó el avance de la causa penal que culminó con la confesión y condena del funcionario.
Además del pago reparatorio, la Justicia le impuso a Chocobar la prohibición absoluta de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y la obligación de someterse al control del Patronato de Liberados.
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